Mercados de carbono: una forma más de acaparamiento de tierras

REDDada de territorios


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Del 23 al 25 de julio, fue realizado el Seminario Tributo a las Resistencias de los Pueblos de la Amazonía, en la ciudad de Rio Branco, en el estado brasileño de Acre. Los pueblos amazónicos se encuentran entre las tantas comunidades que a nivel mundial están bajo la mira de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), mecanismo estipulado en el marco de las negociaciones de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y por esto esta temática fue una de las abordadas en la actividad realizada en plena amazonía brasileña.
En el encuentro, Lucía Ortiz Coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) dialogó con Diego Cardona, integrante de CENSAT-Agua Viva (AT Colombia) sobre su análisis de contratos REDD en distintos países de América Latina.
Concretamente Cardona, quién además integra el Programa de Bosques y Biodiversidad de ATI, trabajó sobre casos en Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. Lo primero que expresa el activista es que “los análisis que se hacían desde los movimientos ambientalistas sociales sobre los efectos y riesgos de REDD, no estaban equivocados”.

Un problema que tienen ya desde el principio los contratos REDD, se refiere al nivel de desinformación con el que avanzan: “hay una desinformación creada a propósito sobre lo que es REDD, y las implicancias de su aceptación. Sin excepción, los acuerdos están redactados en un idioma diferente al de la gente que lo firma.” En muchos casos los acuerdos no sólo no están traducidos a las lenguas que manejan las comunidades, sino que ni siquiera se traducen a los idiomas nacionales, por lo que las comunidades firman contratos en inglés o francés, cuenta Cardona.
En segundo lugar, a pesar de que se identifican como principales causas de la deforestación a la minería ilegal, la construcción de infraestructuras, de carreteras, de grandes represas, la empresa o el gobierno que adquiere los derechos de carbono mediante los contratos de REDD, “se arroga el derecho de vigilar a las comunidades y no a los actores del capital”.
Las “extralimitaciones” sobre los contratos en sí constituyen otro de los problemas: “los contratos son de 30 a 40 años, y se renuevan automáticamente”. Además, existe una imposibilidad de hecho de anularlos, según cuenta Cardona: “si la comunidad entiende que el contrato de REDD limita su derecho al territorio, tiene la posibilidad de terminar el contrato, pero esto sólo es posible hacerlo en tribunales que se encuentran en los países de origen de las contrapartes en cuestión; pero aún si logran terminarlo unilateralmente, los contratos estipulan que las obligaciones de las comunidades se mantienen vigentes”.
Un alerta importante que surge del análisis de los contratos es que en los mismos, las empresas no sólo tienen el derecho exclusivo sobre el “carbono capturado”, sino que además se convierten en propietarias de “cualquier derecho y beneficio del uso de la biodiversidad que haya en ese territorio”, explica el activista.
REDD: vaciando los territorios
Otro de los grandes problemas de los mecanismos de REDD, está relacionado a la propiedad de la tierra. En términos legales, no se les retira a las comunidades la propiedad de la tierra, pero en los hechos las cláusulas de los proyectos REDD impiden que las comunidades ejerzan su derecho al territorio.
A modo de ejemplo cuenta Cardona: “En términos prácticos, no les garantizan las condiciones para que la gente se quede habitando en su territorio, porque tienen prohibiciones a la agricultura tradicional: la gente ya no puede tumbar una hectárea de selva para hacer agricultura tradicional y luego regenerarla. La soberanía alimentaria queda anulada”.
Las comunidades tampoco pueden utilizar árboles para necesidades básicas, como construir canoas, casas, cercas para los animales, y cada modificación que se haga sobre el territorio debe contar con la autorización de la empresa. 
“Sin poder realizar agricultura, sin poder garantizar su soberanía alimentaria ¿cómo pueden permanecer los pueblos en el territorio?”, se pregunta Cardona.
¿Quiénes se benefician con REDD?
Las empresas que se dedican a promover proyectos de REDD, tienen distintos orígenes, pero pocas son las que tienen sede en Sudamérica. En los casos analizados, los capitales son de Irlanda, Estados Unidos, Francia y Hong Kong
Además dentro del esquema REDD, están las empresas que realizan las certificaciones, como la Alianza para la Certificación en EEUU. Se trata de empresas habilitadas por las Naciones Unidas para avalar los proyectos de REDD, haciéndolo supuestamente con base en criterios sociales y ambientales.
En el caso de la certificadora mencionada, se encontró que es financiada por multinacionales petroleras, como British Petroleum, y de la minería: “Es decir, los mismos actores que están causando los problemas de emisiones de carbono, son los que crean y avalan estándares para estos proyectos”, expresó el activista colombiano.
Escuche la entrevista completa en el archivo de audio adjunto
Imagen: www.lajornadadeoriente.com.mx
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