El fin de la hegemonía lacandona en la Selva de Chiapas

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Más allá de los intereses de los grupos políticos, “ambientalistas” y lacandones, lo que está en juego es el destino de decenas de hombres y mujeres, cuyo abuelos llegaron a poblar la selva, y a quienes ahora se les pretende expulsar. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

La lucha entre legalidad y legitimidad
La etnia lacandona se encuentra dividida. Ese grupo vendido y comprado como una raza pura descendiente directa de los mayas, ha servido a “ambientalistas”, asociaciones y al propio Estado mexicano, para obtener millonarios recursos; se ha prestado para tratar controlar –o al menos amagar- a grupos sociales de la selva, en pos de la “conservación”. Pero ahora, lucha desesperado (a la par de sus “benefactores”) por mantener su hegemonía, ante el avance de otros actores en la región.
Ha cambiado la configuración de la selva en los 40 años que han pasado desde que en 1971 un decreto Presidencia otorgó a 66 hombres lacandones (no puede considerarse que fueron beneficiarias 66 familias porque los títulos de propiedad son exclusivos de los hombres y excluye a las mujeres) el derecho legal de 614 mil hectáreas de selva.
Cuatro décadas después, la cara visible -y denostada- en esta necesaria y dolorosa recomposición, es un grupo de lacandones lidereados por el actual presidente de Bienes Comunales, Chankin Kimbor Chambor, quien decidió efectuar cambios estructurales y afrontar al menos tres conflictos que deben resolverse a corto plazo: el incremento de los hijos de comuneros de Nueva Palestina y Frontera Corozal que demandan tierra para subsistir; la regularización de al menos tres poblados que llevan más de 30 años en la zona; y la prórroga para que el grupo de “ambientalistas” que representa Julia Carabias siga en posesión de la estación de bioprospección.
Se le acusa a Chankin de haber “violado la ley lacandona”, al abrir espacio en la toma de decisiones a los tzeltales de Nueva Palestina y a los choles de Frontera Corozal, quienes también forman parte de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, y –dicen sus detractores- entraron a la disputa por los recursos públicos que se derrochan en la selva a través del pago por los servicios ambientales; de la que hasta ahora ha sido casi exclusiva beneficiaria la etnia lacandona.
Chankin también firmó un acuerdo para legitimar la estancia de los habitantes de los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y Nuevo San Gregorio, que se encuentran en la selva desde hace tres generaciones, y a los cuales no se les ha reconocido su legal derecho a la tierra.
Acusa el grupo de lacandones detractores de Chankin, que con está última decisión lo que se busca es una millonaria indemnización, como si de pronto olvidaran que a cada uno de ellos ya se les ha entregado por este mismo concepto millones de pesos, que en la mayoría de los casos sólo les sirvieron para derrocharlos en prostíbulos, licor y camionetas con las que recorren ostentosos la selva.
Y del grupo de empresarios “ambientalistas” de Natura Mexicana-Julia Carabias; de la Fundación Ford, el Corredor Biológico Mesoamericano, El Banco Mundial, Conservación Internacional, entre otros, sólo se puede decir que las cuentas nunca han sido claras con ellos, ni han hecho de la transparencia su método de trabajo.

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Un poco de Historia
1972 una decisión presidencial otorgó a 66 familias lacandonas el título de propiedad de 614 mil hectáreas, pasando por encima del derecho a la tierra que asistía a miles de indígenas chiapanecos que ya entonces poblaban la selva, y de campesinos que llegaron de otros estados en busca de un pedazo de tierra donde producir sus alimentos y lograr la subsistencia que les era negada en sus lugares de origen.
Eso tuvo una implicación política, porque detrás de la decisión del gobierno federal era tener a un grupo dócil y pequeño con el cual controlar la babel en la que se había convertido la Selva.
Establecieron como mecanismo de posesión legal para los lacandones la conformación de Bienes Comunales.
Sin embargo, ante la presión social que ejercieron indígenas tzeltales y choles que se negaron a abandonar la zona y que les asistía la máxima legal de “primer en tiempo primero en derecho”, el gobierno federal autorizó que estos dos grupos que estaba dispersos, se concentraran en dos comunidades: Nueva Palestina y Frontera Corozal.
Les otorgaron derecho a la tierra como integrantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, pero para mantener el control de un solo grupo -el más dócil, el de los lacandones- se estableció en el estatuto comunal que SIEMPRE el presidente de los Bienes Comunales sería un representante de las 66 familias lacandonas.
Con el paso de los años, al crecer la población en la zona, los tzeltales de Nueva Palestina y choles de Frontera Corozal se volvieron mayoría –un censo de 2010 indica que el 40% de los comuneros son choles, otro 40% tzeltales, y sólo el 20% pertenecen a las 66 familias lacandonas y sus descendientes -.
Esta correlación de fuerza ha hecho que desde hace una década en las asambleas de la Comunidad Zona Lacandona se plantee la necesidad de cambiar los estatutos legales para ser realmente representados por quienes poseen la mayoría de habitantes, y otorgar a choles y tzeltales el derecho a presidir la Comunidad. Estos dos grupos están demandando mas tierras y quieren tomar decisiones dentro de la asamblea.
A este planteamiento se oponen además de los propios lacandones, los grupos y asociaciones “ambientalistas” que han utilizado a esta etnia para hacer acuerdos y poder legitimar su propia presencia en la selva.
Legalmente este cambio de estatutos se podría realizar, no habría ningún argumento valido para impedirlo, porque las leyes agrarias mexicanas establecen que los acuerdos de asamblea se deben tomar por mayoría y la asamblea misma es el máximo órgano de decisión. Es entonces que la comunidad como asamblea puede modificar sus propios estatutos por acuerdo de mayoría.
El argumento en contra podría ser que históricamente los Bienes Comunales se los entregaron a los lacandones; pero históricamente también es un hecho irrefutable que antes que los lacandones, la selva ya estaba habitada por los tzeltales y choles.
Es ahí la lucha entre lo que es legal (según el marco legal agrario la tierra fue entregada a los lacandones), y lo que es legítimo (antes que los lacandones estaban los choles y tzeltales).
El marco legal comunal que hasta hoy prevalece en la zona está fundamentado en las condiciones y la correlación de fuerzas que prevalecía en la zona en la década de 1970.
Ahora hay nuevos actores: los hijos de los comuneros que ya no tienen derecho a la tierra (unos 20 mil solo de Nueva Palestina) que han sido excluidos de los proyectos de conservación y por tanto, hay que reconocerlo, en su lucha por la subsistencia siguen realizando prácticas agrarias y ganaderas que impactan negativamente sobre la selva.
También están los “ambientalistas” como Julia Carabias y Natura Mexicana: la Fundación Ford, Corredor Biológico Mesoamericano, el Banco Mundial; los partidos políticos, entre ellos el “Partido Verde”; el gobierno estatal y sus “políticos verdes”;  y el gobierno federal y sus aliados empresarios. Estos actores ven a la selva como un botín al que para acceder, les estorban los propios habitantes de la selva.

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El negocio de la “conservación”
La Selva Lacandona se divide en 3 territorios: la parte del Usumacinta, habitada por indígenas choles; la norte donde prevalecen los tzeltales; y el lado sur, donde habitan los lacandones. Es ahí donde tienen sus centro de investigación Julia Carabias y Natura Mexicana, la Fundación Ford, Corredor Biológico Mesoamericano, el Banco Mundial).
Estas organizaciones “ambientalistas” han hecho acuerdos con los lacandones para que les permitan operar sus proyectos en la selva. Los lacandones dejaron de dedicarse al trabajo agrícola para ser beneficiarios del pago por “derechos ambientales”, y el manejo de centros “ecoturísticos”. Estos dos proyectos se les han entregado a manos llenas, comprando con ello su mansedumbre. Sin embargoLa división que actualmente existe al interior de los lacandones también demuestra que esta etnia finalmente no es tan homogénea y dócil como el Estado mexicano y los grupos ambientalistas quisieran.
El pago por derechos ambientales ha sido un mecanismo de control hacia los lacandones. Este sería otro de los desequilibrios que han fomentado la división entre los habitantes de la selva, porque los recursos solo se han ejercido a favor de los lacandones, quienes ciertamente habitan en la zona mejor conservada, derivado a que su subsistencia ya no depende de la siembra o la ganadería, y por tanto no ejercen mayor presión sobre la tierra.
Por el contrario, los grupos del norte y el Usumacinta siguen viviendo en situaciones de alta marginación, dependiendo del alimento que puedan obtener de la selva.
Por ello, los lacandones –y detrás de ellos sus “benefactores”- intentan mantener el control absoluto del destino de los Bienes Comunales, y la posibilidad de intervención absoluta en el destino de la selva.
Y ahora, ante el botín que se les puede ir de las manos, entra a la disputa el gobierno de Manuel Velasco, quienes en su ignorancia y excesiva ambición, plantean retroceder varios años a la historia y repetir políticas públicas contradictorias planteando por enésima vez la aplicación de un “ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, como la que se dio con las reubicaciones de 2003-2005, que al paso de los años demostraron no ser viables porque no contribuyeron a conservar más el ecosistema de la zona donde fueron expulsados grupos poblacionales, no mejoró el nivel de vida de las y los reubicados –basta que se den una vuelta a lo que ahora se conoce como Nuevo Montes Azules-; y envileció a la etnia lacandona, quien ahora pide millonarios recursos a vuelta de cambio para llegar a cualquier arreglo.

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