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- Defensores de derechos humanos ambientales se oponen a REDD+ en Chiapas y California

Dado que los intentos de negociar un nuevo instrumento para la mitigación del clima en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático quedaron en suspenso hasta 2020, el tema de REDD+ ha salido de la arena mundial para centrarse en acuerdos subnacionales, como los que propone el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF). Uno de los que encabezan el programa del GCF es el acuerdo entre los Estados de California, EE.UU., y Chiapas, México.
Sin embargo, Amigos de la Tierra EE.UU., Otros Mundos (Amigos de la Tierra México), la Red Ambiental Indígena y organizaciones aliadas esperan evitar que se concrete un acuerdo sobre REDD entre Chiapas y California, invocando su potencial de aumentar las emisiones en California y el acaparamiento de tierras en Chiapas.
Cuando, en septiembre, el GFC reunió a funcionarios gubernamentales de seis países en San Cristóbal de las Casas, la antigua capital colonial de Chiapas, no previó quizás que organizaciones indígenas locales y organizaciones de la sociedad civil iban a protestar. Después de todo, el objetivo del GCF no es promover la extracción de petróleo, la bio-prospección, el libre comercio ni ninguna de las demás actividades que siempre han provocado protestas e incluso insurrección declarada en Chiapas, sino promover la conservación de los bosques con el fin de absorber la contaminación climática desenfrenada.

Ahora bien, una de las preocupaciones de las comunidades que se oponen a REDD es, de hecho, que esa distinción no es tan clara como quisieran los promotores de REDD.
Cuando los campesinos indígenas de la selva lacandona oyen decir que recibirán pagos por dejar de cultivar los productos tradicionales para permitir la reforestación con palmas africanas – un programa que el gobernador de Chiapas llama “Reconversión productiva de la agricultura” – ven desarrollarse un modelo familiar. Y cuando se les dice que quizás deban abandonar sus aldeas de la selva para que el bosque pueda recuperarse luego de siglos de degradación (muchas aldeas lacandonas ya han sido reubicadas), oyen el eco de la contra-insurrección económica y del robo de sus tierras que cometen las fuerzas gubernamentales y transnacionales.
Ambos proyectos – la plantación de cultivos para biocombustible y la reubicación de las comunidades del bosque – están asociados a la implementación local de un proyecto que el gobierno estatal de Chiapas llama REDD+, a pesar de que, hasta ahora, este último no tiene criterios formales ni relación financiera con los mercados californianos. Y nadie debería extrañarse de que estallen protestas; en Chiapas, los derechos sobre la tierra, el desarrollo rural y la lucha por la autonomía indígena generan constantes tensiones, y ninguna región del Estado es más conflictiva que la selva lacandona... justamente la zona donde el gobierno de Chiapas intenta implantar lo que llama REDD+.
“Durante 35 años, todo el programa para la selva lacandona fue impuesto por el gobierno”, dijo Florencio Cruz Gómez, un campesino de la aldea de Frontera Corazal, a los funcionarios de la reunión del GCF. “Nunca hubo un proceso de consulta. Eso nos lleva a preguntar al gobierno, si ustedes abandonaron a su hijo hace 35 años, ¿por qué quieren ahora ocuparse de él? ¿En qué condiciones creen que está, y por qué suponen que no quiere tener nada que ver con ustedes?”
Cruz Gómez formaba parte de la pequeña minoría de campesinos que asistió a la reunión del GCF, y su frustración era evidente. Reconociendo las tensiones existentes, William Boyd, director del GCF, dijo: “Toda política pública extensa va a generar oposición. Lo entendemos, y vemos que deberemos comunicar mejor nuestros objetivos”.
Sin embargo, en el caso de Chiapas la escasez de comunicación parece estar acompañada por objetivos cuestionables.
“Hemos lanzado una verdadera revolución verde en Chiapas”, dijo el gobernador del Estado, Juan Sabines, al plenario del GCF. “En Chiapas, como en muchos lugares del mundo, nuestros bosques han sido objeto de destrucción porque la población rural necesita cultivar. En muchos casos, esa producción ni siquiera llega al mercado porque la gente la usa para su propia alimentación. E