Clima de violencia, tensión y conflicto que se vive en torno a la Selva lacandona y Biósfera Montes Azules.

San Cristóbal de las Casas a 27 de mayo, 2014

La Red por la Paz y organizaciones hermanas, se pronuncian ante el clima de violencia, tensión y conflicto que se vive en torno a la Selva lacandona y Biósfera Montes Azules.

En 1972 una decisión presidencial adjudicó de forma jurídicamente cuestionable, 614 mil hectáreas de selva chiapaneca a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a cientos de familias de otros Pueblos Indígenas que también habitaban ese territorio y que desde entonces permanecen en amenaza de ser desalojadas de sus tierras. Seis años después, al convertir parte de este territorio en Reserva de la Biósfera de Montes Azules, la presión para impedir la regularización de los demás pueblos de por si existentes se agudizó y su reubicación o desalojo forzoso ha sido la respuesta gubernamental ante la problemática.

En abril de 2014, se ratificó el acuerdo entre la Comunidad Zona Lacandona y la Aric Unión de Uniones Independiente y Democrática, en el que se reconoce el derecho agrario de tres poblados asentados esta región. Este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo entre las partes directamente involucradas, sin participación del gobierno, debido a la “falta de voluntad”del mismo para resolver el conflicto, afirmaron representantes de la ARIC en conferencia de prensa el 1o de mayo pasado.

Desde el pasado 28 de abril distintos eventos han ido escalando el clima de violencia, tensión y conflicto en torno de la delimitación de la llamada Brecha Lacandona y la Biósfera Montes Azules. Es preciso reconocer que las comunidades y pueblos indígenas que habitan en esta región han ido construyendo diversas propuestas e iniciativas, algunas de ellas desde hace más de 30 años, con el interés de contar con el reconocimiento legítimo de su lucha y derechos agrarios y autonómicos

Sin embargo, estas propuestas se ven afectadas y amenazadas por la presencia de intereses económicos y de ambientalistas ajenos a los pueblos involucrados y por el clima de confusión, impunidad y violencia que se vive en el núcleo original y principal del conflicto armado no resuelto. El asesinato de José Luis Solis López base de apoyo zapatista el pasado 2 de mayo, en la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, nos ha consternado especialmente. Paralelamente a este hecho reconocemos otros acontecimientos, que nos refieren al clima de tensión y complejidad de los conflictos en el entorno.

El pasado 29 de abril, en la comunidad de San Javier, Municipio de Ocosingo, se suspendió la Asamblea de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, cuando un grupo de personas interrumpieron de manera violenta su desarrollo. Los últimos días del mismo mes se refirió en los medios la noticia del secuestro de Julia Carabias, ex secretaria de medio ambiente, académica y fundadora e integrante de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC ONG dedicada a la conservación de recursos naturales, señalada por integrantes de la comunidad lacandona y por otros sectores de la sociedad civil, como responsable de generar división entre sus integrantes e introducir proyectos orientados a la privatización de la zona.

En este ambiente enrarecido se efectuó la detención del asesor de la Comunidad Zona Lacandona, Fernándo Gabriel Montoya Oseguera a quien la procuraduría estatal señaló de inicio como autor del secuestro de Julia Carabias y finalmente lo consignó como “probable responsable del delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado” en que habría incurrido al tomar la alcaldía de Altamirano en enero de 2001. Hecho considerado por muchos, como una medida de contención y criminalización del proceso en el que la comunidad lacandona busca tomar decisiones respecto al territorio que le fue adjudicado décadas atrás.

Cabe señalar que organizaciones de la Red por la Paz participaron en la Misión de Observación Civil y Solidaridad que se llevó a cabo del 29 de abril al 4 de mayo del 2012 y que tuvo como objetivo conocer la situación de las y los habitantes de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, integrados a la organización Aric Independiente y Democrática A. C. con quienes la Comunidad Lacandona sostuvo y concretó el acuerdo citado, en el que se les reconoce a estos tres poblados, su legitimidad para la posesión de las tierras que habitan desde hace más de 30 años. Este acuerdo se difundió a través de una conferencia de prensa el pasado 1 de mayo de 2014 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Y años antes en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProDH, en la ciudad de México, el 3 de agosto 2011.

Para nuestras organizaciones es importante reconocer que estos tres pueblos lograron este acuerdo con la Comunidad Zona Lacandona (CZL), por la vía dialogada, misma vía por la cual han solicitado de manera pacífica desde 2010, ante diversas instancias y mesas interinstitucionales con gobierno federal y estatal, así como con instituciones del sector ambiental gubernamental, se inicie el procedimiento necesario para la regularización de su estatus jurídico agrario.

Sin embargo, valoramos que intereses diversos han impedido desde hace varios años que esto se concrete generando un clima de inseguridad y escalamiento del conflicto.

Nos preocupa que, en respuesta a la inconformidad pública manifestada en estos momentos por la CZL y la ARIC ID, las medidas gubernamentales utilicen estrategias violatorias a los derechos de los pueblos, como la implementación de desalojos forzosos de familias y comunidades realizados entre los años 2003 y 2012, y la detención de autoridades locales y líderes de este movimiento.

Por último, con gran preocupación, queremos hacer notar que en esta coyuntura, se inició el 14 de mayo la II Fase del Operativo Frontera Sur en cinco municipios del estado de Chiapas, ubicados en la zona en conflicto, y en el que participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Armada de México, PGR, PF, INM y las policías estatal y municipal.

Por lo anteriormente expresado, nos pronunciamos:

1. Por procesos y mecanismos que respeten los derechos humanos de los actores involucrados en los conflictos -en particular, los derechos colectivos de los pueblos indígenas-, así como por todas aquellas iniciativas pacíficas que procuran la dignidad de los territorios, pueblos y personas. Rechazamos la privatización de los territorios indígenas y de sus bienes naturales y la intervención de actores externos (estatales y no estatales) que rompen los procesos de diálogo y construcción de acuerdos entre pueblos, comunidades y organizaciones.

2. Rechazamos las políticas y estrategias de militarización y criminalización de la protesta social en los estados de la frontera sur de México, y de manera particular, en las zonas de conflicto, que vulneran a las comunidades indígenas, principalmente a niñas, niños y mujeres.

3. Nos pronunciamos por procesos incluyentes en el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas Naturales Protegidas de carácter federal existentes en la Lacandona, cuya preservación es fundamental para el bienestar, la vida presente y futura de la humanidad, de nuestro país y de las comunidades indígenas que la habitan. Por eso, ellas deben estar plenamente implicadas en los diagnósticos, ordenamientos territoriales, planes de manejo y en todo el diseño e implementación de estrategias integrales para la sustentabilidad de la comunidad de vida.

4. Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con los pueblos zapatistas y particularmente enviamos nuestro abrazo a la Junta de Buen Gobierno ubicada en la Realidad y nos sumamos al homenaje al maestro Galeano. Así mismo, saludando el anuncio de una nueva etapa.

Atentamente,
Los integrantes de la Red por la Paz
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)

y otras organizaciones:

Voces Mesoamericanas, AC.,

Casa de Apoyo a la Mujer Ixin Antsetik AC.

Maderas del Pueblo del Sureste AC.